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MIÉRCOLES, 13 de Diciembre de 2017
Javier Maldonado Santillán - El nuevo eje
01 de Marzo de 2012
Desconfianza = elecciones costosas
El proceso electoral federal, que inició formalmente el pasado 7 de
octubre, tendrá un costo de 27,951 millones de pesos, de los
cuales 15,953.9 millones de pesos serán destinados al Instituto
Federal Electoral (IFE).
El proceso electoral federal, que inició formalmente el pasado 7 de
octubre, tendrá un costo de 27,951
millones de pesos, de los cuales 15,953.9 millones de pesos serán
destinados al Instituto Federal Electoral
(IFE).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un
presupuesto asignado de 2,368.9
millones de pesos para 2012 y la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE)
tendrá a su disposición 129.4 millones de pesos.

El financiamiento público de las entidades a los partidos políticos y los
gastos de operación de los institutos
electorales de las entidades federativas será de alrededor de 9,500
millones.

Esto sin contar los recursos privados y los recursos públicos desviados a las
campañas por los tres niveles
de gobierno y que no es posible contabilizar dada su opacidad e ilegalidad.

Las elecciones federales de 2012 serán las más costosas de América Latina
y ubicarán a México como uno
de los países con mayor costo electoral del mundo.

El sistema electoral mexicano se ha transformado a lo largo de los años en
una estructura abigarrada de
regulaciones excesivas que exige revisar sus componentes por separado
para poder valorar si cuestan en
realidad lo que pagamos. Basta decir que es sustancialmente distinto
discutir el presupuesto del Registro
Federal de Electores, las prerrogativas asignadas al financiamiento de los
partidos políticos, el costo de
operación de los institutos electorales estatales, o bien los gastos erogados
por actividades ordenadas por
la ley, pertinentes o no, como el voto de los mexicanos en el extranjero.

Sin embargo, hay un común denominador. El origen de este volumen de
gasto, en gran parte generado por
nuestra pesadísima regulación electoral, fue la desconfianza de los actores
involucrados en la lucha por el
poder público. En cualquier país, la confianza de los actores políticos y de
la ciudadanía en sus órganos
electorales es un activo crucial para que éstos puedan desempeñar su
función y condición para fortalecer
los procesos democráticos. En su búsqueda se creó en principio un sistema
redundante en aras de
construirla. Luego de decenios de experiencia autoritaria en México y
elecciones con duda razonable y a
veces hasta con irregularidades documentadas, la creación del IFE en 1990
significó un avance democrático
de gran valor. No obstante, los participantes en las contiendas electorales
requerían estar convencidos de
que el órgano electoral no actuaría a favor de nadie. Era necesario
verificar, por tanto, que su
funcionamiento fuera imparcial.

La necesidad de acotar la desconfianza en el actuar político y electoral
requirió una regulación
extraordinariamente detallada en comparación con la mayoría de países
con sistemas de gobierno
equiparables al nuestro y, especialmente, la instalación de una burocracia
electoral permanente.
Estas burocracias permanentes, con la tarea de poner en prácticas
procedimientos redundantes, se fueron
a su vez sobrecargando de funciones adicionales, lo cual incidió en el costo
electoral del país,
independientemente de otros efectos, como en el caso de la reforma de
2007 y el acotamiento de la
libertad de expresión.

El gasto electoral en México ha sido el más alto de América Latina y el más
alto en comparación con otros
países, tales como Argentina, Brasil o los Estados Unidos. Se encuentra
también que los componentes más
relevantes del gasto electoral mexicano, ya sea en año electoral o no, se
concentran en:

1. Los costos de operación del IFE — especialmente el costo del Registro
Federal Electoral.

2. Las prerrogativas a los partidos políticos y

3. El costo de operación de los institutos estatales electorales y las
prerrogativas que en los estados se
brinda a los partidos políticos, tal como ilustran las elecciones de 2009.

El total de gasto se ha mantenido relativamente constante a lo largo de
los años, a pesar de cambios a la
alta o baja eventuales, y la reforma electoral de 2007 no ha probado
disminuir el gasto electoral como era
uno de sus propósitos manifiestos.

El gasto electoral en México ha llegado a ser de tal magnitud que para
reducirlo sustancialmente será
necesario modificar rubros importantes o emblemáticos del sistema
electoral mexicano y, por tanto,
sumamente polémicos. En términos costo-beneficio, no obstante, debemos
estar conscientes de que es
necesario abrir esa discusión e intentar ser más eficientes en la erogación
de recursos públicos al
respecto. Un ritmo de 20 a 25 mil millones de pesos para sufragar el
funcionamiento de nuestras
instituciones electorales cada tres años, en un país con niveles de pobreza
que ronda sistemáticamente el
50 por ciento de la población debe obligar a repensar el tema.

La sobrerregulación y la redundancia de procesos han generado que
nuestras instituciones electorales
eroguen recursos de modo ineficiente, a veces sin mucha opción en cuanto
a rubros.

Los 980 millones de pesos para preparar al IFE en la administración los
tiempos del Estado y permitir bajo
la nueva regulación electoral el desarrollo de las elecciones tanto
federales como estatales son ejemplo
de ambos aspectos. El voto de los mexicanos en el extranjero es otro. En
este caso, los 32,632 que se
recibieron en 2006 costaron 409 millones de pesos. Para la elección 2012,
se han presupuestado 96 millones
para esta actividad en 2011, más lo que se requiera el propio año de la
elección.

El exceso de regulación y la redundancia de procesos mandados en la ley
no fueron en su origen,
efectivamente, un invento caprichoso. Buscaron al principio garantizar la
imparcialidad de las instituciones
del sistema electoral. La redundancia en sí misma, por otra parte, no
necesariamente es algo negativo. Es
un principio de seguridad y salvaguarda aplicado en varias disciplinas,
como es el caso de sistemas de
información o la aeronáutica. El problema es que la sobrerregulación y a
redundancia en el sistema
electoral mexicano han llegado a grados tales que comienzan a ser
disfuncionales. Por ejemplo,
independientemente de que la reforma de 2007 ha probado serlo con
relación a la libertad de expresión,
en materia de gasto de operación el IFE rebasó en 2010, en el concepto de
sueldos y salarios, el nivel de
sus promedios históricos —que de 2000 a 2009 fue de 45 por ciento— y
llegó en este año a cerca del 50 por
ciento de su gasto total, que es la cifra más alta al respecto en los últimos
quince años, sólo registrada en
2004. No sería extraño que esto se deba a la necesidad de cumplir con la
nueva regulación electoral, pero,
sea cual sea la razón o justificación, la tendencia debe modificarse.

Un aspecto fundamental es tener en mente que toda afectación a la baja
del gasto electoral que se
intente, particularmente las que representarían disminuciones
importantes, significarán de igual forma
repensar la forma en la que hasta ahora hemos resguardado un valor
específico, como el de la pluralidad y
la soberanía estatal en el caso de los institutos estatales electorales.
Disminuir un gasto no es únicamente
un aspecto contable-presupuestal. Significa el replanteamiento de valores
y prácticas que se consideran
positivas en sí mismas. El debate principal será si para dar el paso de
modificar las tendencias del gasto
electoral en México estamos dispuestos a salvaguardar con menor
regulación y redundancia valores que
hasta ahora se han discutido con relativa discreción.

Siendo así, encontramos al menos cincos rubros que incidirían de modo
muy relevante en el gasto electoral
en México:

1. Las prerrogativas de los partidos políticos. El gasto que los partidos
políticos y coaliciones debieron
afrontar para obtener espacios en radio en televisión en la elección de
2006 fue, en todos los casos, mayor
al 50 por ciento de su gasto total de campaña. En 2009, debido a la
reforma electoral de 2007 no debieron
erogar ninguna cantidad por ese concepto, lo cual es algo loable. Se
hubiera esperado, en consecuencia,
que sus prerrogativas hubieran disminuido de modo relativamente
proporcional, pero no fue el caso. El
34.9 por ciento que representan del gasto total del IFE para 2010, un año
después de la elección
intermedia, no dista mucho del 35.5 del 2004. Sin duda, los partidos
políticos están en condiciones de
recibir menor cantidad de recursos, no sin esfuerzo alguno, pero sí es
factible.

2. El Registro Federal de Electores. El registro representa una parte
fundamental de los beneficios que
brinda el IFE a la ciudadanía. Su costo como peso del gasto total del
Instituto ha fluctuado en diferentes
años de 14.3 hasta el 46.5 por ciento. Un bien público de esa importancia
debería brindar a la ciudadanía
mayores beneficios que los únicamente electorales. Hasta ahora, la
discusión se ha centrado en que el
registro tiene funciones exclusivamente electorales. Sin embargo, los
esfuerzos de registro ciudadano
como la Cédula Única de Registro de Población ha duplicado esfuerzos y
gasto público sin éxito
comparable.

3. Gasto de operación del propio IFE. Es indispensable que el IFE
emprenda una revisión autocrítica de su
eficiencia para ejercer el gasto público que tiene asignado. Es necesario
que revise los altos salarios de su
estructura y también los de rango medio y bajo para que calibre en lo
posible la correspondencia de
puestos y remuneraciones. Aunque sinceramente esto perece imposible
considerando su debilitamiento
como institución ciudadana y su tendencia ha convertirse en una extensión
de los partidos políticos.

4. Institutos estatales electorales. Antes que nada, los institutos estatales
deben refrendar su compromiso
con la rendición de cuentas y la transparencia. Es necesario que lo hagan
para que, además, puedan
afirmar su autonomía. Si el sistema electoral mexicano modificara
fuertemente su composición para
disminuir el gasto, el IFE podría reemplazar su función de organizar
elecciones en los estados. Es un
aspecto sumamente polémico que disgusta por igual a los organismos
electorales. En 2009, la operación de
los institutos estatales costó al menos 4 mil 322 millones y las
prerrogativas estatales para los partidos
políticos 2 mil 551 millones. Un aspecto que deberemos afrontar tarde o
temprano es el modo de
financiamiento a los partidos políticos en los estados. No es procedente
que a algunos de ellos se les
otorgue la misma cantidad de recursos adicionales de año no electoral con
el propósito de promover el
voto en año de elección. En cuanto al costo de campañas, la reforma de
2007 no se ha emulado por igual
en las entidades federativas. De hecho, la propia existencia de
financiamiento ordinario en los estados
debería ponerse a discusión. Las prerrogativas federales tienen el
propósito de financiar, justamente, las
actividades ordinarias de los partidos. El hecho de que las entidades
federativas financien el mismo
concepto duplica los recursos públicos dedicados al mismo propósito.

5. Voto de los mexicanos en el extranjero. Aunque el valor de que México
pueda habilitar a sus ciudadanos
a votar desde fuera de su territorio es positivo, ¿vale la pena pagar tanto
por tan poca efectividad? Si bien
no es necesariamente un problema de eficacia del IFE, la magnitud de
esta tarea debe revisarse
ineludiblemente, tanto por el Instituto en términos de su eficiencia en el
ejercicio del gasto como por los
legisladores para modificar las modalidades que lo hacen tan costoso.

Referencias:

IFE, 2006. “Dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos y
Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral,
respecto de la revisión de los
informes de campaña de los partidos políticos nacionales y coaliciones
relacionados con el Proceso Electoral
federal 2005-2006”. México.

IFE, 2006b. Elecciones Federales 2006. México.

IFE, 2009. “Estado de ingresos y egresos presupuestarios al mes de
diciembre de 2009”. México.

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comparada. Washington, D.C.

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Volumen temático: pp. 245-272.
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Öhman, Magnus y Hani Zainulbhai, 2010. Political Finance Regulation: The
Global Experience. Washington
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Rienner Publishers.

Peschard, Jacqueline, 2006. “Control over Party and Campaign Finance in
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de la reforma electoral 2007-
2008. Tesis, ITAM, México.
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